Alianzas

En el contexto de la represión que ejercen los gobiernos en Oriente Medio y Norte de África, ha sido clave el papel de la tecnología de vigilancia de la actividad de los ciudadanos en la Red. La mayor parte de estos productos, desarrollados específicamente para esta labor de seguimiento y censura de los ciudadanos online, ha sido fabricada en Occidente, según la investigación “Occidente censura a Oriente” de la OpenNet Initiative.  Una de las muestras más dramáticas de la relación directa entre este tipo de tecnología y las repercusiones para la vida y seguridad de las personas en estos países  es la empresa estadounidense Bluecoat, que ha servido mejor que ninguna otra el propósito de control del régimen sirio. El colectivo de activistas Telecomix sacó el 5 de octubre a la luz los archivos de registro de BlueCoat, revelando 54 Gigas de información sobre la actividad de los usuarios de Internet sirios.

Telecomix publicaba el 4 de octubre un comunicado en el que anunciaba la liberación de los archivos de registro en su posesión extraidos de dispositivos BlueCoat. Estos dispositivos son proxies (servidores que funcionan como intermediarios) que el Sistema de Telecomunicaciones Sirio usa para filtrar y monitorizar las conexiones en el país. La información sobre estas conexiones permite a las autoridades el seguimiento de personas implicadas en las manifestaciones en el país o en cualquier forma de oposición a sus políticas, y su arresto, asesinato o tortura. Es difícil conocer las cifras exactas pero se estima que entre unas 3000 y 6000 personas han sido asesinadas desde que comenzaron las movilizaciones en el país en marzo, y decenas de miles se encuentran detenidas y desaparecidas, en una brutalidad sin precedentes contra la población civil.

Los archivos de registro pertenecen al período entre el 22 de Julio y el 5 de Agosto de 2011. Entre la información que revelan está la identificación de dos de las palabras clave prohibidas en Siria:  “israel” y “proxy”. 

Telecomix anuncia la publicación de estos datos “para permitir a quien quiera analizarlos el acceso a una visión más profunda de la censura en Sria y promover el conocimiento sobre cómo sortear los ataques a la libertad de expresión”. Pero  ¿es este el modo adecuado de hacerlo? El comunicado especifica que las direcciones IP de los usuarios han sido eliminadas para protegerlos, pero a continuación añade que es posible acceder a datos personales de esos mismos usuarios a través de las direcciones a las que han accedido. Según el investigador en el ámbito de seguridad digital Jacob Applebaum para Phumano: “Publicar esos datos es arriesgado porque no sabemos a ciencia cierta quién ha accedido a ellos hasta el momento. Probablemente esos datos ya estaban en conocimiento de quienes quieren dañar a la población siria, pero ahora lo están sin lugar a duda. Airear esos datos ha sido irresponsable, habría sido más adecuado hacer un análisis, una interpretación de esos datos, sin revelarlos.”

Más allá de las repercusiones que pueda tener en la seguridad de los usuarios a los que se pretende ayudar, la publicación  deja en evidencia  la relación directa entre la tecnología BlueCoat y la represión que lleva a cabo el gobierno sirio de sus ciudadanos. BlueCoat ha negado en otras ocasiones que venda sus productos al régimen sirio, una venta que además violaría la política de embargo comercial de Estados Unidos con países como Siria, así que es posible que este acceso a la tecnología BlueCoat del régimen sirio se haya hecho de forma indirecta a través de Emiratos Árabes o Líbano sin el consentimento de la propia empresa, como explica Telecomix.

La exportación de tecnología occidental sin mecanismos de control sobre el uso que se hace de ella socava, según el investigador Evgeny Morozov,  “la libertad en Internet del mismo modo en que la exportación de armas socava las iniciativas de paz occidentales”. Según Jillian York, de la Fundación Frontera Electrónica, “la falta de controles significativos implica que hemos dejado la privacidad y la seguridad de los individuos en manos de las empresas y su aplicación del concepto de Responsabilidad Social Corporativa.”


Un usuario de BlackBerry muestra un mensaje en el que se le notifica la suspensión del servicio. Dubai, Abril 2010. Imagen AP

Desde hace años los Gobiernos de la región de Oriente Medio y Norte de África tratan de controlar las comunicaciones de los usuarios a través de los nuevos canales y herramientas digitales. En el empoderamiento tecnológico que ha sido clave para la organización y narración de las protestas juega un papel central el auge de la tecnología móvil, con una penetración de las más altas del mundo, y la comunicación a través de móvil también ha sido objeto de cada vez más atención por parte de las autoridades.

En 2010 el Ministerio de Cultura e Información de Bahrain prohibió un grupo de chat de Blackberry y amenazó con emprender acciones legales contra los miembros del grupo. Ese mismo año Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos anunciaron la prohibición del uso de dispositivos móviles Blackberry en el país. La operadora de telefonía móvil Saudi Telecom, propiedad del Gobierno, bloqueó el servicio de texto, correo electrónico, navegación por Internet y mensajería instantánea.

¿Por qué precisamente Blackberry? Porque las comunicaciones a través de estos dispositivos son encriptadas y no permiten a las autoridades el seguimiento de la actividad de los usuarios. No sólo los Gobiernos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, sino también los de Líbano, India y Argelia expresaron su rechazo al hecho de no poder seguir los movimientos de los usuarios a través de estos dispositivos, lo que según ellos pone en riesgo la seguridad nacional. Según los usuarios es otro modo más de vigilarlos y emprender represalias contra los críticos al régimen.

Desde que comenzaron las movilizaciones en Túnez a finales de 2010 y se extendieron durante los meses siguientes al resto de países de la región, la represión de los Gobiernos se ha cebado cada vez más con las telecomunicaciones. Egipto bloqueó entre el 27 y el 28 de enero completamente el acceso a Internet. En Siria, con cifras de más de mil muertos durante las protestas contra el régimen que comenzaron a mediados de abril, se cortaron los accesos a Internet y a la telefonía fija y móvil en los puntos de más presencia de los manifestantes. Ciudades como Homs y Daraa y barrios como Dumma llegaron a quedar completamente aislados. El Gobierno consiguió bloquear la red de telefonía 3G y teléfonos por satélite, que habían permitido a los activistas compartir con el resto del país y con el exterior hitos y sucesos de las protestas, especialmente en forma de vídeos. Muestra de cómo las autoridades del país consideran los móviles como una amenaza son las imágenes de la agencia de comunicación oficial Sana y la televisión oficial siria, que mostraban tras las protestas del 22 de abril fotos de las armas confiscadas a los manifestantes, calificados como “vándalos” y “agitadores”: machetes, latas, cuchillos y teléfonos móviles con tarjetas SIM extranjeras.

En Libia, tras las protestas del 27 de febrero, el Gobierno de Gadafi cortó la comunicación con el este del país, aislándolo mientras Benghazi se convertía en el símbolo de la resistencia contra el régimen. Mientras las movilizaciones se reprimían con crudeza, se bloqueó el acceso a Internet y las llamadas de teléfono internacionales. Con la comunicación cortada y sin permitir acceso a los periodistas que pedían acreditación para cubrir los enfrentamientos, la información se filtraba hacia el exterior a través de algunas conexiones de Internet por satélite que permitían llamadas intermitentes a través de Skype, chat de MSN y publicación de vídeos grabados a través de móvil a plataformas como Youtube.

Libyana, uno de los dos mayores proveedores de servicios móviles, consiguió seguir funcionando en el interior de la zona este del país, gracias a un sistema menos descentralizado y menos dependiente de la gestión desde Trípoli, controlada por el Gobierno. Los ingenieros de Libyana en Benghazi disponen de un registro de localización de llamada que almacena información de todos los suscriptores del servicio. Al marcar un número desde un teléfono de la compañía, el registro de localización de llamada identificaba el teléfono y lo conectaba a la red. Mientras la otra gran compañía de servicios móviles, Madar, con sus bases de datos en Trípoli, vio bloqueados sus servicios, Libyana no sólo siguió funcionando, sino que ofreció sus servicios de forma gratuita durante los enfrentamientos.  Según Faisal Fasi, jefe de telecomunicaciones locales y transporte de la oposición de Bengazi,”Gadafi cometió un error dejando todo este equipo aquí en el Este”.

Además del servicio que continuó propocionando Libyana, un empresario basado en Abu Dhabi, Ousama Abushagur, creó una nueva red, llamada Free Libyana, para facilitar a los rebeldes su propia red de telefonía móvil.

En un contexto de comunicaciones cada vez más descentralizadas, en el que los ciudadanos pueden registrar y compartir  con el mundo lo que sucede aquí y ahora, el juego del gato y el ratón entre gobiernos y activistas se dará, cada vez más, en el terreno de la tecnología móvil.